El 15 de mayo comenzó en España un movimiento de descontento político, social y económico cuya fuerza ha traspasado ya las fronteras de ese país y se extiende como un polvorín por Europa.
La spanish revolution o primavera española surge en un contexto de crisis internacional, que ha puesto de manifiesto que el sistema capitalista actual no funciona. Al menos, no para la mayoría. En el caso español, la salida de la crisis está siendo más lenta porque a las problemáticas comunes con otras potencias, se le han añadido los efectos del fin de la burbuja inmobiliaria, en un país cuyo crecimiento económico estaba basado en el ladrillo.
El panorama no hace pensar en una recuperación a corto plazo. Los españoles ya venían observando la gravedad de la situación, sumada a la torpeza de la clase política. Los ciudadanos se han sentido abusados por un Gobierno que ha preferido recortar en gastos sociales antes que en ayudas económico financieras para los banqueros. Aunque el partido oficialista se diga de centro-izquierda. La desconfianza y el alejamiento de la ciudadanía respecto a la política no han hecho más que acentuarse en los últimos años.
Los casos de corrupción tampoco han faltado. Y quienes presuntamente los han cometido siguen en el poder beneficiándose de sueldos pomposos mientras la clase trabajadora ve desplomarse su economía familiar. Los últimos datos sobre el desempleo fueron la gota que colmó el vaso. Hay cinco millones de personas sin trabajo. Y repercute de forma especial entre los jóvenes: más del 40% carece de empleo.
Son esos jóvenes quienes impulsaron el movimiento 15M, una semana antes de las elecciones municipales y autonómicas en España. Lo que empezó como una manifestación se convirtió en una acampada, y se sumaron otros sectores de la sociedad. El movimiento cobró fuerza, tanto en número como en ideas. Y sucedió lo esperable: una vez finalizados los comicios, con una rotunda victoria de la derecha, miles de personas continuaron concentradas en las plazas de las principales ciudades del país. Y es que su rechazo va dirigido a la clase política como tal, no a un partido en concreto.
Los indignados cada vez están más organizados. Se reúnen en asambleas casi diarias donde defienden sus ideales y, mediante el consenso, elaboran poco a poco una serie de propuestas. Lograr su aplicación en lo inmediato es poco probable; cumplirlas todas, imposible. Pero el germen ya está en todos nosotros y la voluntad de cambio se impone al conformismo que reinaba hasta ahora. Una vez terminen las acampadas, el objetivo es que las asambleas se trasladen a los barrios y se genere un movimiento vecinal que continúe con la labor, algo que ya está ocurriendo en Madrid y Barcelona.
No se trata de personas antisistema, quieren reformarlo activamente. Para ello, sus principales demandas son la generación de empleo, una ley de Vivienda digna, cambios en la Ley Electoral y un sistema democrático más participativo. Se llaman a sí mismos indignados, una palabra que contiene a otra: dignidad. Eso piden.
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